Por Albert Portillo

Los símbolos suelen tener un recorrido paradigmático en los imaginarios políticos porque a veces su sentido retorna con una reformulación respecto a la original. Curiosamente algo de esto parece darse para el caso del árbol como símbolo destacado en el imaginario republicano.

Ya que, de hecho, tanto la revolución estadounidense como la francesa tomaron la costumbre de plantar árboles en las plazas públicas. En esta ecología republicana el árbol ofrecía un lugar de resguardo frente al sol para poder celebrar las asambleas populares, pero tenía otro sentido estimulante; representar la voluntad de las revoluciones republicanas de enraizar en el espacio público y en el espíritu del pueblo.

Tal como proponía Thomas Paine al decir a sus conciudadanos que “algún árbol idóneo servirá como lugar de asamblea, bajo cuyas ramas la colonia entera podrá reunirse para deliberar sobre los asuntos públicos.”[i] Pero este árbol necesita vivificarse con la práctica. Como diría Thomas Jefferson a propósito de una rebelión de republicanos revolucionarios contra las deudas: “el árbol de la libertad debe regarse de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Ésta constituye su abono natural.”[ii]

Los arbres de la liberté franceses y los Liberty trees estadounidenses tuvieron un arraigo también en Irlanda por acción de los republicanos irlandeses, los United Irishmen. Más aún en la práctica republicana del siglo XXI el árbol de la libertad ha sido el estandarte del confederalismo democrático kurdo y de su partido en Turquía, el HDP o Partido Democrático de los Pueblos.

Pero todo ello tiene un sentido más allá del simbólico ya que fundamentalmente va de una estrategia por la conquista de la libertad mediante la participación plena de la comunidad. Es decir, se trata de la soberanía popular tomando cuerpo mediante el autogobierno.

El autogobierno democrático de Jefferson y Paine, la democracia seccional de los jacobinos franceses, la autodeterminación republicana de los republicanos irlandeses y el confederalismo democrático kurdo vienen a mancomunar una propuesta política por la que se hace protagónico al pueblo. Una forma de democracia municipal y regional que enlaza los distintos niveles institucionales en base al libre pacto.

Sin brújula y dando palos de ciego

Es por este motivo que, en la discusión iniciada en La Trivial con los artículos de Mario Caballero, David Ortiz y Antxón Arizaleta, continuada por Roc Solá y Xavi Granell, sorprende este vaciamiento estratégico del pensamiento político republicano.

Si el primer artículo es poco más que un alegato monárquico renuente a una propuesta estratégica de cambio, el segundo artículo sorprendía por la actitud contemplativa por la cual las fuerzas transformadoras simplemente deberían sentarse a esperar la conformación por si sola de un bloque alternativo de poder:

“teniendo además la convicción de que el momento que lo rompa todo llegará con un chispazo inesperado en un lugar desconocido, sorprendiendo a propios y extraños.”

Si en el planteamiento de Ortiz y Arizaleta es llamativa, como bien destacan Solà y Granell, la reducción de la discusión sobre el republicanismo a la estética de los símbolos y no a lo que estos representan en términos de concepción del poder, la soberanía o la organización institucional. Cabe destacar que este no es un vacío que desatasquen Solà y Granell por más que aludan a la carga moral y ética del republicanismo.

Es decir, en una concepción se nos reduce el republicanismo a una discusión estética y políticamente contemplativa en la otra queda reducido a una federación de valores compatible con cualquier forma institucional con el pretexto de que:

“Es en ese marco en el que planteamos el debate sobre la monarquía y no en la mera crítica formalista a la forma de Estado.”

En este caso es aún mayor la sorpresa cuando se cita justamente a Pi i Margall teórico de una organización confederal y municipalista de la soberanía. De hecho, uno de los libros más importantes de Pi, “Las nacionalidades”, justamente va dedicado a una crítica formal e histórica a la forma del Estado monárquico español y a un estudio detallado de la organización del poder político en la República federal de los Estados Unidos, de las atribuciones de los cantones de la Confederación Helvética y de la carga democrática de los distintos fueros jurídicos que gozaban ciudades y regiones de las distintas partes de España.

Además, los autores pretenden atribuir a Pi esta crítica al formalismo para justificar la irrelevancia de la forma de Estado y de la forma de gobierno monárquica. Lo grave es que atribuyen a Pi una frase que en realidad es de Adolphe Thiers, el republicano de derechas responsable de aplastar la Comuna de París. La frase de Thiers que utilizan para justificar su punto de vista es la siguiente:

“lo que constituye una monarquía no es la existencia de un rey, sino la centralización política”[iii]

Esta frase de Thiers forma parte de un discurso suyo que Pi cita justamente para criticar este accidentalismo que lleva a que los republicanos de derechas, y de centro izquierda, tengan un azaroso compromiso con el republicanismo como forma de gobierno, de institucionalidad popular y como estrategia transformadora. A lo que Pi responde en “¿Cuál debe ser nuestra forma de gobierno?” que:

“Estos demócratas [como Thiers que es a quién se refiere] no comprenden a buen seguro la significación de la palabra forma. (…) No han visto que, por la forma, y solo por la forma, adquieren los seres realidad a nuestros ojos. ¿Qué alteración en la sustancia no lleva consigo otra alteración en la forma?”[iv]

Pi básicamente viene a decir que:

“Más lo que en política llamamos forma, no es sino la manera como está organizado el poder público. Si tanto desdén merece, ¿a qué interesarnos porque el poder sea uno o trino, responsable o irresponsable?”[v]

El rey importa y más por el tipo de estructura de poder que representa: la concentración de poder en unas pocas manos, y en unas pocas familias, sin más regulación que el principio de autoridad basado en la coerción. Consistiendo la institucionalidad republicana justo en lo contrario como explicaba el revolucionario republicano Saint-Just:

“cuantas más instituciones, más libre es el pueblo. Hay pocas en la monarquía, aún menos en el despotismo absoluto. El despotismo se encuentra en el poder único, y sólo disminuye cuando hay muchas instituciones.”[vi]

Por eso Pi le respondía a Thiers en los siguientes términos:

“Desafiamos a esos mismos demócratas a que nos demuestren la posibilidad de realizar el menor de sus principios sin que se altere la forma de gobierno hoy existente; los desafiamos a que nos prueben cómo es conciliable su dogma ni aun con la existencia de la monarquía.”[vii]

Es frente a este tipo de institucionalidad que el republicanismo medieval y moderno construyó sus propias instituciones y códigos jurídicos obligando a los reyes a someterse a estos contrafuertes democráticos. Y en España ello tiene su fórmula jurídica e institucional justamente en los fueros.

Por ello, en el proyecto estratégico de Pi cobra tanta importancia un preciso diseño jurídico e institucional para garantizar plenamente el autogobierno. De modo que la libertad republicana tomara cuerpo en la formulación institucional por la que “es cada región un Estado dentro del Estado”[viii].

Y es frente aquellos republicanos de un federalismo accidental como Salmerón, o el propio Thiers, para quienes el libre pacto federativo era una molestia formal, que Pi formula el pacto como la pared maestra de una política democrática. Porque para Pi el pacto es la condición de relaciones libres, iguales y recíprocas en derechos y obligaciones. Tanto en el campo de las relaciones humanas como en el campo de las relaciones institucionales. Dicho claramente: “el verdadero lazo jurídico de las naciones está en el pacto”[ix].

De ahí que para organizar el Partido Pi promoviera en los años 60 del siglo XIX distintos pactos federales para que cada territorio tuviera su expresión política libremente acordada. O que en la Primera República pusiera tanto énfasis en la necesidad de aprobar la nueva Constitución republicana con tal de romper definitivamente con el Antiguo Régimen. Es más, luego de 1873 Pi apoyaría, y en algún caso redactaría, las constituciones que habrían de guiar los distintos procesos constituyentes a nivel municipal, regional y estatal. Empezando por el nivel municipal porque en la perspectiva de Pi, como dejara escrito en el Proyecto de Constitución Municipal de 1883:

“Artículo 1: La primera determinación de la soberanía colectiva es el municipio (…) Artículo 5: El Municipio se encamina: a) realizar, mantener y garantizar la República representativa y comunal, y la Democracia igualitaria, preparar el advenimiento de la completa igualdad social, mediante la independencia económica del pueblo.”[x]

Este es el motivo que lleva a Pi a ser de los pocos dirigentes políticos en España que llega a apoyar la independencia de Cuba al tomar en consideración su evidente anexión por la fuerza y el saqueo y por tanto su derecho al autogobierno y a la propia independencia:

“Por la fuerza las adquirimos, y por la fuerza es natural que las perdamos. Tienden los pueblos todos a su independencia. (…) Sin ellas pasamos [las colonias] y sin las de hoy pasaremos.”[xi] [ya que] “Las habríamos hecho autónomas a la par de las regiones de la Península; y si ni aun con eso hubiésemos conseguido pacificarlas, las habríamos declarado independientes bajo las más equitativas condiciones.”[xii]

Es más, este mismo formalismo es el que lo llevará a una posición democratizante cercana al feminismo al incluir, por tímida que fuera, una crítica a la evidente servidumbre política, civil y doméstica de las mujeres.

En esta perspectiva, pues, el pacto es la forma de garantizar plenamente el autogobierno republicano de modo que quede bien claro un sistema de organización que garantice “el municipio libre en la provincia libre en la nación libre”[xiii]. Y no es una excepción aislada de Pi sino una constante en el pensamiento republicano popular.

Como señala Michael Hardt ahí está la garantía para “gobernarse sin amo”[xiv] alguno y esta misma garantía, en la que consiste el autogobierno, es una práctica dinámica que define el núcleo revolucionario del republicanismo. Más cuando se trata de una revuelta democrática:

“cuando quiera que una forma de gobierno se torna destructiva […] el pueblo tiene derecho a alterarla o abolirla, así como a instituir un nuevo gobierno, a establecer sus fundamentos en dichos principios y a organizar sus poderes del modo que aparentemente tenga una mayor probabilidad de realizar su seguridad y felicidad.”[xv]

Dicho en palabras de Thomas Jefferson en razón de justificar la autodeterminación de las trece colonias frente a la Corona inglesa. Los republicanos estadounidenses más radicales, como Jefferson y Thomas Paine, plantearían claramente que el autogobierno republicano consiste en la dirección popular y democrática de las instituciones:

“Ahí donde cada hombre tome parte en la dirección de su república de distrito, o de algunas de las de nivel superior, y sienta que es participe del gobierno de las cosas no solamente un día de elecciones al año, sino cada día (…) antes se dejara arrancar el corazón del cuerpo que dejarse arrebatar el poder por un César o un Bonaparte.”[xvi]

Y para Jefferson, modelo de los mucho más revolucionarios republicanos ibéricos, ser partícipe del gobierno de las cosas consistía en controlar democráticamente instituciones antirrepublicanas como el ejército, la banca y, muy especialmente, la judicatura[xvii]. Instituciones que para no convertirse en contrafuertes aristocráticos debían estar sometidas a la “decisión y control por parte del pueblo”[xviii].

En ese caso concreto, ese proceso de autodeterminación toma la forma de la independencia como única manera de garantizar el autogobierno. Motivo por el cual Paine afirmó “la independencia no significa ni más ni menos que hagamos nuestras propias leyes.”[xix]

Los imaginarios democráticos y la revolución pasiva en España

Por otra parte, la desconexión de los imaginarios democráticos radicales, como el mismo republicanismo, como bien señalan Solà y Granell es fruto de una falta de afirmación. Pero, ¿es igualmente cierto que esta desconexión se debe históricamente a “la consolidación del marxismo en la segunda mitad del siglo XX” motivo por el cual, supuestamente, se habría roto en los 70 con las tradiciones democráticas de los años 30 y previos? ¿O, por el contrario, más que de los avatares del marxismo se trata de que la derrota política y cultural de los 70 desestructuró esas vinculaciones?

Pues, brevemente y sin extenderme demasiado, señalaría que fundamentalmente el proceso de ruptura democrática que quería encabezar el movimiento antifranquista fue atajado por una revolución pasiva. Es decir, se neutralizó dicho proceso cooptando muy parcialmente las demandas democráticas con tal de dar a luz al Estado de las autonomías. Esto es, la forma institucional de la revolución pasiva que concediendo a disgusto una descentralización administrativa pretendía frenar el modelo de Estado de la Asamblea de Catalunya. Ya que el movimiento antifranquista catalán llevaba en si toda una propuesta de nuevas y alternativas instituciones plenamente consciente de su bagaje histórico previo:

“en la recogida de tradiciones del nacionalismo de progresista de postguerra, que había llevado a cabo el conjunto de fuerzas incluidas en la Asamblea, las empujaba a tener una lógica muy coherente y muy nítida en las futuras relaciones con el resto del Estado; autodeterminación primero, para decantarse claramente luego hacia el independentismo o la federación-confederación con los otros pueblos, sustituyendo los antiguos vínculos históricos por unos de nuevos de solidaridad basada en contenidos sociales. No se trataba, para las izquierdas, de <<ir>> o <<no ir>> a Madrid, para <<sacarle>> esporádicamente provechos, sino de consolidar la libertad y el autogobierno de Catalunya en un nuevo proyecto de Estado.”[xx]

Siendo además esta una propuesta que se diferenciaba enormemente del histórico republicanismo de centro derecha, de cuño estatalista y centralista, encarnado en Azaña para el cual “la vigencia de la sociedad civil frente al Estado es un símbolo de debilidad política”[xxi]. Bien al contrario, de esta perspectiva enemiga del protagonismo social y popular, lo que entrañaba el movimiento antifranquista catalán de los 70 era:

“El rechazo global que, desde Catalunya, se hace a veces al Estado se refiere sólo a aquel modelo de Estado a través del cual <<se ve todo>>, según palabras de Azaña, y que, por tanto, engulle o no deja crecer a la sociedad civil. La concepción del Estado que está surgiendo críticamente en Catalunya está dirigida precisamente a este modelo estatocrático de totalización del Estado. No es una cuestión de liberalismo, dicho en corto, sino de reclamar zonas de libertad para el conflicto y el impacto que sean respetadas por el Estado.”[xxii]

De hecho, que el Estado de las autonomías tiene más de revolución pasiva destinada a frenar una rebelión democrática en la Catalunya de los setenta queda claro si se observa cual era el programa político de la fuerza motriz de la Asamblea de Catalunya, el PSUC. El cual, dado su arraigo popular y nacional, preveía una agenda muy diferente a la de un régimen monárquico con un modelo territorial de educada descentralización administrativa. En su programa político, “PSUC: Per Catalunya, la democracia i el socialisme” (1976), Gregori López Raimundo detalla la apuesta por:

“La ruptura democrática (…) y la apertura de un proceso constituyente, será el comienzo de una etapa en la cual, a partir del ejercicio de la soberanía popular, se puede construir un marco constitucional que haga posible llevar a cabo la revolución de la mayoría, es decir, transformaciones estructurales orientadas al socialismo.”[xxiii]

Y ese era el sentido de una hipótesis que pretendía recuperar el autogobierno republicano conquistado con el Estatuto de 1932 como punto de partida para ejercer la autodeterminación.

Sin embargo, la frustración de esa alternativa democrática mediante la revolución pasiva ha ido acompañada de una larga marcha hacia la recentralización desde los mismísimos años ochenta, como reconoció Jordi Solé Tura en “Autonomies, federalisme i autodeterminació” (1985). Este proceso de recentralización ha tomado nuevas y agresivas formas a lo largo del siglo XXI. Pero ha sido sobre todo con la reacción del Estado al republicanismo catalán que se ha desatado un estatismo autoritario sin freno ni control alguno. En este proceso las instituciones menos democráticas han ido tomando un protagonismo que cada vez es menos excepcional y cada vez se asienta más como pauta de funcionamiento.

El bonapartismo progresista y la alternativa democrática

Al llegar a la presente crisis social, sanitaria e institucional se han tomado decisiones que tomando el pretexto del coronavirus han liquidado el Estado de las Autonomías y han desembridado ya por completo el Estado.

El peligro es que el estatalismo centralista de excepción encumbre una suerte de bonapartismo progresista bajo la figura de Sánchez. Es decir que Sánchez se imponga como garante de orden en un campo partido entre la reacción monárquica de ultraderecha y el conjunto de fuerzas populares y republicanas. Aprovechando la crisis para concentrar más y más poder en el Estado y confiando, en concreto, en la discrecionalidad del poder ejecutivo.

Trotsky justamente explicaba que “esta es la función más importante del bonapartismo: elevarse sobre los dos campos en lucha para preservar la propiedad y el orden.”[xxiv] De ser así esta tendencia puede radicalizar aún más el protagonismo de aparatos del Estado no democráticos como el ejército o la policía a la hora de sostener este “presidencialismo monárquico”, tal y como lo ha calificado Jaime Pastor.

Es por este motivo que es tan importante plantear una alternativa democrática apta para semejante crisis de excepción. Y para que lo sea el republicanismo debe superar toda actitud contemplativa y culturalista, así como toda consideración meramente estética y de cartón piedra.

Hace falta un “republicanismo activo”[xxv], como diría un conocido dirigente republicano irlandés, capaz de agendar Plan de Choque Social, Huelga de Alquileres y Renta Básica en una alternativa democrática que considere la necesidad de dotarse de instituciones propias protagonizadas por la gente. Tal y como reclamaba la sonora cacerolada republicana contra la corrupción de la monarquía.

Si algo puede aprenderse de la experiencia política kurda es que incluso en las circunstancias más trágicas es posible establecer “una nación basada en el derecho”[xxvi] como institucionalización del confederalismo democrático, republicano y popular.

Notas

[i] Paine, Thomas. “El sentido común” en El sentido común y otros escritos. Editorial Tecnos, Madrid, 2014 [1776], pp. 7.

[ii] Jefferson, Thomas. “[Carta] A William S. Smith” en Thomas Jefferson: La declaración de Independencia, Akal, Madrid, 2007 [1787], pp. 91.

[iii] Thiers citado en Pi i Margall, Francesc. “¿Cuál debe ser nuestra forma de gobierno?” en Las nacionalidades, Akal, Madrid, 2009 [1856], pp. 401.

[iv] Op. Cit., pp. 402-403.

[v] Ibidem, pp. 402.

[vi] Saint-Just, Louis Antoine de. “Fragmentos de Instituciones Republicanas” en La libertad pasó como una tormenta: Textos del período de la Revolución Democrática Popular, El Viejo Topo, España, 2006 [1793], pp. 176-177.

[vii] Ibidem, pp. 403.

[viii] Pi i Margall, Francesc. “Lecciones de controversia federalista” en Las nacionalidades, Akal, Madrid, 2009 [1931, publicado post mortem], pp. 638.

[ix] Pi i Margall, Francesc. “El pacto” en Las nacionalidades, Akal, Madrid, 2009, pp. 494.

[x] Pi i Margall, Francesc. ”Proyecto de Constitución Municipal” en Las nacionalidades, Akal, Madrid, 2009 [1883], pp. 704.

[xi] Pi i Margall, Francesc. “Artículos publicados en El Nuevo Régimen. Semanario federal (1891-1901)” en Las nacionalidades, Akal, Madrid, 2009, pp. 594.

[xii] Pi i Margall, Francesc. “Lecciones de controversia federalista” en Las nacionalidades, Akal, Madrid, 2009 [1931, publicado post mortem], pp. 639.

[xiii] Pi i Margall, Francesc. “A los demócratas históricos de Valencia” en Las nacionalidades, Akal, Madrid, 2009 [1881], pp. 484.

[xiv] Hardt, Michael. “Thomas Jefferson o la transición de la democracia” en Thomas Jefferson: La declaración de Independencia, Akal, Madrid, 2007, pp. 28.

[xv] Jefferson, Thomas. “Declaración de los representantes de los Estados Unidos de América en el Congreso General reunido [borrador de Jefferson]” en Thomas Jefferson: La declaración de Independencia, Akal, Madrid, 2007 [1776], pp. 59-60.

[xvi] Jefferson, Thomas. “[Carta] A Joseph C. Cabell” en Thomas Jefferson: La declaración de Independencia, Akal, Madrid, 2007 [1816], pp. 129.

[xvii] Ver en Jefferson, Thomas. “[Carta] A John Taylor” en Thomas Jefferson: La declaración de Independencia, Akal, Madrid, 2007 [1816], pp. 131-136.

[xviii] Op. Cit. Pp. 136.

[xix] Paine, Thomas. “El sentido común” en El sentido común y otros escritos. Editorial Tecnos, Madrid, 2014 [1776], pp. 37.

[xx] Lorés, Jaume. La transició a Catalunya (1977-1984). Editorial Empúries, Barcelona, 1985, pp. 30.

[xxi] Lorés, Jaume. El 1984 de Catalunya. Edicions 62, Barcelona, 1985, pp. 28.

[xxii] Ibidem, pp. 28.

[xxiii] López Raimundo, Gregori. “Introducció” en PSUC: per Catalunya, la democràcia i el socialisme. L’Avenç, Sant Adrià del Besós, 1976, pp. 23.

[xxiv] Trotsky, León. “El bonapartismo alemán” en La lucha contra el fascismo. Editorial Fontamara, Barcelona, 1980 [1932], pp. 253.

[xxv] Adams, Gerry. Antes del amanecer: Una autobiografía. Txalaparta, Tafalla, 1997 [1996], pp. 275-276.

[xxvi] En Öcalan, Abdullah. Nación democrática. Editorial Descontrol, 2018, pp. 54.