Hace cuatro años se abrió una oportunidad para mejorar la vida de las personas a nivel global y también del planeta. La Agenda 2030, con sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible suponía poner en la agenda política cuestiones fundamentales como es la crisis climática y su impacto en las personas. Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos, movilizaciones y declaraciones, hemos visto como en estos cuatro años el retroceso en derechos, igualdad y sostenibilidad ha sido una realidad.

En particular hay que destacar que durante estos últimos años las cifras de desplazamiento forzado en el mundo han aumentado alarmantemente alcanzando cifras sin precedentes debido al incremento de conflictos y graves violaciones de derechos humanos. El impacto del cambio climático y la degradación ambiental, consecuencia de los modelos de desarrollo extractivos basados en la explotación de recursos naturales y de la proliferación de megaproyectos de empresas transnacionales obliga cada vez a más personas a abandonar sus hogares de manera forzada. Esta situación está provocando un nuevo fenómeno a escala internacional: los desplazamientos forzados de población por motivos medioambientales.

Se estima que estos desplazamientos son muy superiores a los provocados por guerras y conflictos. De hecho, hay informes que estiman que el año 2019 cerrará con más de 22 millones de desplazados por causas climáticas.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), hay más de 200 millones de personas desplazadas por causas relacionadas directa o indirectamente con el deterioro del medioambiente.

En cuanto a escenarios futuros, y aunque no hay consenso en las cifras, algunos analistas prevén que hasta 250 millones el número de personas que podían ser afectadas por desplazamiento ambiental hacia el 2050. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones establece que “en cifras relativas, […] en el 2050 el cambio climático habrá sido la causa del desplazamiento de una persona por cada 45 en el mundo”. Otros consideran que África ya habrá superado los 200 millones de personas desplazadas por estas causas en los próximos diez años. Hay que recordar que los impactos medioambientales en los países empobrecidos son estremecedoramente más graves que en los países enriquecidos y esto se debe a un orden mundial desigual y discriminatorio.

En cualquier caso, las cifras nos desvelan un problema de enorme magnitud al que no podremos dar respuesta únicamente a través de mecanismos de ayuda humanitaria.

Las principales causas que provocan estos desplazamientos por motivos ambientales son varios.

En primer lugar, las catástrofes medio ambientales provocadas por el cambio climático: Inundaciones, ciclones, huracanes, sequias y terremotos son ejemplo de catástrofes naturales provocadas o potenciadas por el cambio climático que obligan a millones de personas a abandonar sus hogares de manera forzosa.

En segundo lugar, la extensión de los grandes proyectos de infraestructuras y de la agroindustria especialmente los agresivos monocultivos, agrocombustibles y transgénicos, que están provocando una grave deforestación al sustituir bosques tropicales y otros ecosistemas por monocultivos. Además, las poblaciones quedan a merced del aumento de los precios de los alimentos por la creciente utilización de sus alimentos básicos (maíz, trigo y azúcar). Esta industria provoca degradación ambiental y deforestación, ocasiona un grave deterioro en los recursos naturales, es contaminante (fertilizantes y plaguicidas), afecta a la utilización del agua para usos domésticos y lo que es más grave atenta contra la soberanía alimentaria de poblaciones enteras

El cultivo de productos transgénicos supone una grave violación del derecho a la alimentación y a la tierra de las personas y los pueblos. Las semillas transgénicas, diseñadas en los países del norte, son incompatibles con las necesidades del Sur, pues crean dependencia tecnológica y control de mano de obra rural. A su vez son tecnologías controladas por las empresas a través de patentes lo que les da el derecho exclusivo de uso y comercialización.

Los proyectos de infraestructuras también impactan severamente los modos de vida de las comunidades locales y la sustentabilidad de sus territorios, obligándoles en muchos casos a desplazarse en forma temporal o permanente.

Hay que tener también en cuenta, los modelos de desarrollo extractivos basados en la sobre explotación de recursos naturales ya sean marinos o terrestres implementados en muchos estados. Se trata principalmente de recursos del subsuelo: minerales, gas y petróleo.

Los impactos ambientales generados por la minería se reflejan en la contaminación de tierras y ríos con plomo, arsénico y otros metales. Las empresas que explotan petróleo y gas vuelcan hidrocarburos con total impunidad debido a la falta de control y fiscalización con la que operan en países empobrecidos.

Las actividades extractivas constituyen una amenaza para la seguridad alimentaria por la contaminación y destrucción de vegetales y peces, así como por la contaminación y reducción del acceso al agua. También causan graves problemas de salud (enfermedades respiratorias, alergias, intoxicaciones) y deforestación y deterioro del medioambiente al crear vías de penetración e instalaciones en lugares de gran riqueza ecológica. Es importante destacar que son numerosos los casos de concesión de explotaciones a industrias extractivas en territorios indígenas o afrodescendientes sin cumplir con el marco legal de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes al territorio. Además de todo ello existen estudios que afirman las técnicas de extracción de petróleo y gas pueden inducir efectos sísmicos.

Y entre tanto, ¿cómo se denominan a las personas que se ven obligadas a desplazarse por razones medioambientales?

En estos momentos no hay consenso en cómo definir a este colectivo. El término desplazado medioambiental puede ser utilizado para englobar tanto a las personas que han sido desplazadas dentro de sus propios países de residencia habitual o que han cruzado una frontera internacional y para quienes las causas medioambientales son la principal causa de desplazamiento.

El programa de Naciones Unidas para el medioambiente (PNUMA) empezó a referirse a los refugiados ambientales a partir de los años 90 del siglo pasado. En estos años se han sucedido aportes teóricos y análisis jurídicos en torno a la cuestión, especialmente en el marco de la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, no existe una definición consensuada sobre el refugio ambiental.

El ACNUR se muestra contrario a denominar refugiadas a las personas desplazadas por cuestiones ambientales porque considera que puede crear confusión e ir en detrimento del régimen jurídico internacional para la protección de las personas refugiadas “cuyos derechos están claramente definidos y comprendidos”, aunque sí reconoce que el cambio climático puede generar desplazamiento forzado. También reconoce que, aunque no haya nexo con la convención de Ginebra, no significa que estas personas no deban ser protegidas.

Desde CEAR consideramos que dentro de las personas desplazadas forzosamente por motivos medioambientales existen determinados casos a los que sí que se les podría aplicar el marco jurídico de protección para personas refugiadas, en el marco de la convención de Ginebra, y a otros muchos habría que otorgarles algún tipo de protección temporal o subsidiaria.  Por ejemplo el caso de los movimientos de refugiados por conflictos armados enraizados en factores medioambientales como los casos de Darfur en Sudán, donde el control y el abastecimiento de fuentes energéticas, tierras fértiles y agua potable fue el impulsor del conflicto;  Siria, donde en septiembre de 2010 una sequía en el noroeste de este país dejó a millones de personas en la extrema pobreza, iniciándose la guerra en marzo de 2011, con las primeras revueltas en los lugares más secos del país. Otro ejemplo podría verse en la falta de protección por parte de un Estado a un pueblo indígena de los adversos efectos del cambio climático o de las actividades de empresas transnacionales que les obligue a dirigirse a otro estado.

La realidad es, que actualmente no existe un instrumento internacional de derechos humanos que proteja expresamente a los desplazados o refugiados ambientales y urge abordar ese debate.

Así mismo es fundamental destacar como otros instrumentos regionales amplían la noción de persona refugiada planteada por la Convención de Ginebra y cómo, en la noción de desplazamiento interno, las causas que caracterizan un desplazamiento forzado son mucho más amplias y no quedan supeditadas a una motivación.

Como ejemplo, se pueden reflejar los Principios rectores de los desplazamientos internos de 1998 que recogen como causas de los mismos, los efectos de las catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. La Convención de Kampala de 2009 que recoge la obligación de proteger a las personas desplazadas internamente por desastres naturales o producidos por el ser humano incluyendo el cambio climático. Además, este instrumento, recoge como obligaciones de los Estados contemplar la responsabilidad de los agentes no estatales, incluidas las empresas multinacionales y las empresas privadas de seguridad por actos de desplazamientos arbitrarios o de complicidad en tales actos.

Con todo ello, en un contexto como el actual, de crisis climática, es imprescindible visibilizar a los actores responsables del desplazamiento forzado por motivos medioambientales. Sobre todo, teniendo en cuenta, que en las discusiones a nivel internacional y a otros niveles sobre el tema se elude a menudo a la actividad humana y de las empresas transnacionales en el origen de este desplazamiento.

Con la privatización, las empresas transnacionales y multinacionales han adquirido un gran margen de influencia y de poder político-económico que las hace protagonistas de importantes decisiones a nivel mundial que afectan a personas y colectivos de los países en los que llevan a cabo su actividad en complicidad con los Estados y con la impunidad como principal característica respecto a los impactos negativos que provocan:

Estas empresas han supuesto una gran precarización y explotación laboral, han criminalizado la protesta social a través de represiones violentas; han producido la degradación de los suelos, contaminación de las aguas y deforestación llegando, en algunos casos, hasta la desertificación

Los Estados también juegan un papel crucial en la gestión de los impactos ambientales y en las medidas que implementan a través de políticas públicas, para la protección del planeta y en consecuencia de las personas desplazadas y la recuperación del pleno ejercicio de sus derechos.

Desde CEAR consideramos que es necesario hacer una profunda reflexión sobre la dimensión de los desplazamientos forzados por motivos medioambientales y su necesaria inclusión en el marco del Derecho internacional cuando se trate de desplazamientos internacionales o en otros mecanismos de protección cuando se trate de desplazamientos internos

Es necesario visibilizar y denunciar la repercusión de la actividad de grandes transnacionales en los países del Sur donde ejercen su actividad. En este sentido también se hace necesario visibilizar y denunciar la responsabilidad de los Estados en la violación de los derechos humanos que generan las empresas transnacionales y cuestionar del modelo sustentado por pactos entre gobiernos y multinacionales.

Así mismo es urgente visibilizar que la crisis climática afecta principalmente a los más débiles y en particular a las mujeres, los niños y niñas. La crisis climática y la destrucción del planeta afectan ya a nuestras vidas cotidianas.

Por todo ello urge actuar de manera efectiva para revertir esta situación, el incremento de las desigualdades, la pérdida de derechos, la degradación del medio ambiente y el cambio climática. Debemos exigir compromiso a los Estados en la COP 21 y así como la paralización la negociación de tratados como el TTIP.

Este año estamos asistiendo a una movilización juvenil que genera optimismo, y que ha conseguido poner en todas las agendas políticas el cambio climático como tema urgente y necesario a tratar. La cumbre del Clima es un primer paso donde nuestros líderes políticos tienen una responsabilidad histórica para salvar el planeta, y los ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de exigirles que tomen medidas para hacer de nuestro planeta, nuestro refugio.

Por Estrella Galán, Directora general de CEAR