No venimos a pagar pensiones

Hay tres representaciones que tienen mucha fuerza en el imaginario de nuestra sociedad cuando se piensa en las comunidades migrantes y “racializadas” (hago uso de este concepto para señalar el proceso de jerarquización racial presente en el racismo) provenientes de las ex- colonias (no sólo las del imperialismo español). O somos construidas como enemigos externos que ponen en peligro la “conservación” económica y de valores de la sociedad que nos “acoge” o somos capital humano necesario para nutrir el mercado de trabajo con mano de obra joven y así garantizar el sostenimiento del Estado del bienestar (sistema de pensiones y frenar el envejecimiento) o, por último, somos objeto de discursos políticos que constantemente deben demostrar que somos humanos para que el Estado y la sociedad en sí vele por el cumplimiento de nuestros derechos como humanos. 

Nuestra contribución al sostenimiento del Estado de bienestar no garantiza que tengamos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales asegurados. Esto se ha podido comprobar en las últimas elecciones, donde a una parte de nuestra sociedad le ha sido negada su participación política y, también, con las reformas que se han hecho, en los últimos años, del Sistema Nacional de Salud para dejar fuera de la cobertura sanitaria a parte de la población migrante. 

En su último informe para España, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia señaló que el Estado seguía sin realizar los cambios en la Constitución que ya le habían recomendado en informes anteriores: “La Constitución debía otorgar formalmente el derecho a la igualdad a todos los ciudadanos, y no sólo a los ciudadanos españoles (véase el artículo 14 de la Constitución). La ECRI lamenta que esta recomendación no se haya puesto en práctica en el marco de las enmiendas introducidas en la Constitución en 2011. Recuerda que el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo núm. 12 a este Convenio son directamente aplicables en España; estas disposiciones prevén una prohibición general de la discriminación sin distinción entre los nacionales y los extranjeros”.

La norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico da viabilidad a la creación de ciudadanos y ciudadanas de primera, segunda, tercera e incluso de cuarta categoría. Inserta en lo que se entiende por ciudadanía una jerarquización de índole racial y de origen que da sentido a los mecanismos que vertebran el régimen de inclusión/exclusión por los que se rigen el racismo institucional y social y que tienen como su mayor expresión la Ley de Extranjería. En todo esto, el intérprete supremo de esta norma, el Tribunal Constitucional, ha tenido siempre una posición ambivalente. Por un lado, ha sido un actor fundamental a la hora de ampliar y proteger los derechos de las personas migrantes y, por otro, ha jugado un papel legitimador de políticas dirigidas directamente a discriminar a las comunidades migrantes y a seguir alimentado la idea de una España “blanca” (este es el mensaje que se envía a la sociedad con la justificación de las redadas por perfil racial: Caso de Rosalind William y Zeshan Muhammad).

Combatir el discurso anti- inmigración y racista de la extrema derecha no sólo nos convoca a señalar todos aquellos instrumentos jurídicos y discursos políticos que alimentan y legitiman el racismo institucional y social, sino que también nos lleva a cuestionar las estrategias políticas que mayoritariamente se han dado hasta ahora para defender los derechos de las personas migrantes y “racializadas”. La extrema derecha no está plantando ninguna semilla, sólo está recogiendo los frutos de un sistema que juega y encierra a las comunidades migrantes y “racializadas” en marcos coloniales de inclusión/exclusión. Marcos que muchas personas de origen migrante y “racializadas” están denunciado desde hace décadas y, que, en los últimos años, ha visto cómo un heterogéneo grupo social le ha dado una gran fuerza y nuevas formas a esta denuncia: los y las jóvenes de origen migrante y “racializadas” (nacidas o criadas en España).  

En la construcción de un sujeto político amplio que enfrente el crecimiento de la extrema derecha no podemos ignorar la jerarquización racial/ colonial que hay en nuestra sociedad y no deberíamos seguir alimentando constantemente la idea del recién llegado. Nosotras, las comunidades migrantes y “racializadas” ya estamos aquí, somos parte constitutiva de la historia de esta sociedad. El reconocimiento de la diversidad racial abriría “nuevas” líneas de debate acerca de lo que entendemos por lucha contra el neoliberalismo y la justicia social. Además, de poder reconocer de qué manera las resistencias políticas de nuestras comunidades han sido sistemáticamente subalternizadas desde diferentes espacios políticos. 

Los marcos críticos que defendemos algunas organizaciones y personas buscan situarnos como sujetos políticos que piensan y re- construyen las maneras de hacer política. Sobre todo, porque nos da un sentido de lucha ligado a la jerarquización racial que hay en nuestra sociedad y, que, otros marcos (clase, género, sexualidad, etc), no nos permiten entender. No se trata de dar primacía a un solo eje, se trata de complejizar y comprender de qué manera funcionan en su conjunto, es decir, en las interrelaciones que se dan para mantener las desigualdades sociales. La utilización estratégica que realizamos es por la continua negación que otros espacios de lucha social hacen de lo racial.  

Todo esto nos ha permitido observar que la forma en la que se construye la diferencia racial está inscrita en regímenes de explotación, opresión e imaginario colonial. Y, aunque parezca algo evidente y veamos la presencia de este razonamiento en muchos discursos políticos, tanto de organizaciones sociales como de espacios más ligados a la institución, apenas podemos encontrar rastros de estos razonamientos en sus prácticas políticas cotidianas. Entender la migración y la diversidad racial como espacios de lucha donde se defiende la justicia social, tanto material como simbólica (Memoria Histórica), para nuestras comunidades, nos da la imaginación y fuerza política para permitirnos impulsar procesos democráticos que no dejen a nadie fuera. 

Gran parte de estos debates llegan demasiado tarde a España, en otras partes de Europa, se ha avanzado, con mayores o menores resultados, en la profundización de la necesidad de tener en cuenta los diferentes aspectos que pongo en este texto para pensarnos en una lucha conjunta:

La lucha contra el discurso anti- inmigración de la extrema derecha no es reductible ni a una cuestión clase, ni de defensa de lo público, ni a la lucha contra la corrupción, ni a ideales de patria con una profunda amnesia colonial. Es una cuestión que atraviesa todos los ámbitos de nuestra sociedad y, por tanto, tiene que estar presente en todos ellos: desde la inclusión en el currículum educativo de la diversidad racial hasta la petición de vías legales y seguras para las personas migrantes.

Tenemos la tarea de interrogar los procesos de inclusión/exclusión que el Estado y la sociedad en sí llevan a cabo con las comunidades migrantes y “racializadas”, con el fin de romper con ciertas sinergias que hasta ahora se han dado. Siempre me he preguntado ¿Por qué, a pesar de que las personas migrantes, en este caso, en su mayoria comunidad ecuatoriana, lideraron los procesos políticos que se abrieron contra la estafa hipotecaria, luego han sido personas “blancas” las que han acaparado los espacios mediáticos e institucionales? ¿Se da este proceso en otros ámbitos? 

Cesairé, refiriéndose a las luchas por la independencia de los pueblos del “sur” global contra el colonialismo, señalaba como estas luchas estaban expresando su derecho a la iniciativa y a la personalidad frente a “Occidente” en su conjunto. En otros términos, no se puede enfrentar el crecimiento de la extrema derecha en nuestro país, negando sistemáticamente el derecho a la iniciativa y a la personalidad de las diferentes comunidades migrantes y “racializadas”. Comunidades transnacionales enormemente heterogéneas atravesadas por cuestiones de género, clase, disidencias sexuales, situaciones administrativas, etc., y, con diferentes trayectorias políticas y de vida que se expresan en las relaciones que tenemos con la sociedad, otros espacios políticos y el Estado. 

Esta lucha sólo tiene sentido si desarrollamos nuevos discursos y prácticas que salgan fuera de los marcos utilitaristas/colonialistas/racistas de la migración, marcos en los que se reconozca a las poblaciones migrantes y “racializadas” como sujetos políticos, en los que se reconozca la diversidad racial de nuestro país como sinónimo de justicia social y ampliación de la democracia. Debemos poner en marcha estrategias políticas protagonizadas, no simplemente por personas migrantes y “racializadas”, sino por personas de nuestras comunidades comprometidas tanto con nuestros intereses específicos como intereses transversales (vivienda, educación, empleo, etc). No confundamos la alianza con subordinación, ni la solidaridad con renuncia, diría Cesaire. 

Asumir la tensión racial que hay en nuestra sociedad es un compromiso político contra el racismo institucional y social, es poner en cuestión la forma en la que pensamos la idea de ciudadanía, profundamente estructurada por una división racial. En definitiva, es encontrar los espacios que, en muchas ocasiones, serán dolorosos y conflictivos, pero que servirán para negociar nuestras diferencias con el fin de construir identidades colectivas de lucha que no nos inferioricen, ni nos dejen fuera a nosotras, las Otras, Otros y Otres. 

Cómo Anzaldúa, pongo en valor las miradas de origen migrante como cruces de camino, como Bordelands que viven en su día a día las consecuencias de las múltiples fronteras que atraviesan nuestros cuerpos (racial, género, sexualidas, “sin papeles”, etc). El ejercicio de pactos que se da para establecer consensos, desde donde nacen los comunes que vertebran la lucha contra la extrema derecha no está exento de lógicas de ausencia ligadas a las tensiones raciales que hay en nuestra sociedad, por eso:

Las expresiones políticas anti- coloniales y de reconocimiento de la diversidad racial de las comunidades migrantes y “racializadas” deben ser uno de los principales relatos que construyan aquella sociedad que queremos ser, si, de verdad, queremos poner en marcha nuevos imaginarios y estrategias políticas que rompan el cómodo marco en el que se mueve la extrema derecha. Esto es una posibilidad, no es una solución cerrada, ni absoluta, ni siquiera veremos sus efectos a corto plazo pero como Césaire hizo con el Partido Comunista Francés por colonialista (y más razones), yo, a título personal, renuncio a toda estrategia política que nos siga subalternizando y no quiera comprender nuestro derecho a imaginar caminos de liberación colectiva.