Hay tres representaciones que tienen mucha fuerza en el imaginario de nuestra sociedad cuando se piensa en las comunidades migrantes y “racializadas” (hago uso de este concepto para señalar el proceso de jerarquización racial presente en el racismo) provenientes de las ex- colonias (no sólo las del imperialismo español). O somos construidas como enemigos externos que ponen en peligro la “conservación” económica y de valores de la sociedad que nos “acoge” o somos capital humano necesario para nutrir el mercado de trabajo con mano de obra joven y así garantizar el sostenimiento del Estado del bienestar (sistema de pensiones y frenar el envejecimiento) o, por último, somos objeto de discursos políticos que constantemente deben demostrar que somos humanos para que el Estado y la sociedad en sí vele por el cumplimiento de nuestros derechos como humanos.
Nuestra contribución al sostenimiento del Estado de bienestar no garantiza que tengamos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales asegurados. Esto se ha podido comprobar en las últimas elecciones, donde a una parte de nuestra sociedad le ha sido negada su participación política y, también, con las reformas que se han hecho, en los últimos años, del Sistema Nacional de Salud para dejar fuera de la cobertura sanitaria a parte de la población migrante.
En su último informe para España, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia señaló que el Estado seguía sin realizar los cambios en la Constitución que ya le habían recomendado en informes anteriores: “La Constitución debía otorgar formalmente el derecho a la igualdad a todos los ciudadanos, y no sólo a los ciudadanos españoles (véase el artículo 14 de la Constitución). La ECRI lamenta que esta recomendación no se haya puesto en práctica en el marco de las enmiendas introducidas en la Constitución en 2011. Recuerda que el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo núm. 12 a este Convenio son directamente aplicables en España; estas disposiciones prevén una prohibición general de la discriminación sin distinción entre los nacionales y los extranjeros”.
La norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico da viabilidad a la creación de ciudadanos y ciudadanas de primera, segunda, tercera e incluso de cuarta categoría. Inserta en lo que se entiende por ciudadanía una jerarquización de índole racial y de origen que da sentido a los mecanismos que vertebran el régimen de inclusión/exclusión por los que se rigen el racismo institucional y social y que tienen como su mayor expresión la Ley de Extranjería. En todo esto, el intérprete supremo de esta norma, el Tribunal Constitucional, ha tenido siempre una posición ambivalente. Por un lado, ha sido un actor fundamental a la hora de ampliar y proteger los derechos de las personas migrantes y, por otro, ha jugado un papel legitimador de políticas dirigidas directamente a discriminar a las comunidades migrantes y a seguir alimentado la idea de una España “blanca” (este es el mensaje que se envía a la sociedad con la justificación de las redadas por perfil racial: Caso de Rosalind William y Zeshan Muhammad).
Combatir el discurso anti- inmigración y racista de la extrema derecha no sólo nos convoca a señalar todos aquellos instrumentos jurídicos y discursos políticos que alimentan y legitiman el racismo institucional y social, sino que también nos lleva a cuestionar las estrategias políticas que mayoritariamente se han dado hasta ahora para defender los derechos de las personas migrantes y “racializadas”. La extrema derecha no está plantando ninguna semilla, sólo está recogiendo los frutos de un sistema que juega y encierra a las comunidades migrantes y “racializadas” en marcos coloniales de inclusión/exclusión. Marcos que muchas personas de origen migrante y “racializadas” están denunciado desde hace décadas y, que, en los últimos años, ha visto cómo un heterogéneo grupo social le ha dado una gran fuerza y nuevas formas a esta denuncia: los y las jóvenes de origen migrante y “racializadas” (nacidas o criadas en España).
En la construcción de un sujeto político amplio que enfrente el crecimiento de la extrema derecha no podemos ignorar la jerarquización racial/ colonial que hay en nuestra sociedad y no deberíamos seguir alimentando constantemente la idea del recién llegado. Nosotras, las comunidades migrantes y “racializadas” ya estamos aquí, somos parte constitutiva de la historia de esta sociedad. El reconocimiento de la diversidad racial abriría “nuevas” líneas de debate acerca de lo que entendemos por lucha contra el neoliberalismo y la justicia social. Además, de poder reconocer de qué manera las resistencias políticas de nuestras comunidades han sido sistemáticamente subalternizadas desde diferentes espacios políticos.
Los marcos críticos que defendemos algunas organizaciones y personas buscan situarnos como sujetos políticos que piensan y re- construyen las maneras de hacer política. Sobre todo, porque nos da un sentido de lucha ligado a la jerarquización racial que hay en nuestra sociedad y, que, otros marcos (clase, género, sexualidad, etc), no nos permiten entender. No se trata de dar primacía a un solo eje, se trata de complejizar y comprender de qué manera funcionan en su conjunto, es decir, en las interrelaciones que se dan para mantener las desigualdades sociales. La utilización estratégica que realizamos es por la continua negación que otros espacios de lucha social hacen de lo racial.
Todo esto nos ha permitido observar que la forma en la que se construye la diferencia racial está inscrita en regímenes de explotación, opresión e imaginario colonial. Y, aunque parezca algo evidente y veamos la presencia de este razonamiento en muchos discursos políticos, tanto de organizaciones sociales como de espacios más ligados a la institución, apenas podemos encontrar rastros de estos razonamientos en sus prácticas políticas cotidianas. Entender la migración y la diversidad racial como espacios de lucha donde se defiende la justicia social, tanto material como simbólica (Memoria Histórica), para nuestras comunidades, nos da la imaginación y fuerza política para permitirnos impulsar procesos democráticos que no dejen a nadie fuera.
Gran parte de estos debates llegan demasiado tarde a España, en otras partes de Europa, se ha avanzado, con mayores o menores resultados, en la profundización de la necesidad de tener en cuenta los diferentes aspectos que pongo en este texto para pensarnos en una lucha conjunta: