Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que se condenaba a la diputada Isa Serra a un año y siete meses de prisión. El razonamiento jurídico alega un delito de atentado a la autoridad por parar un desahucio en base únicamente a la versión de los agentes de policía. 

 

Es sorprendente que en medio de la cuarentena y dado el parón de las actividades judiciales el TSJM haya proseguido su actividad para anunciar esta sentencia de clara intencionalidad política. Porque al fin y al cabo se amenaza el activismo civil por el derecho a la vivienda con penas de prisión, además del propio derecho a la protesta.

 

En medio de esta intensa crisis en la que la sociedad civil se organiza para garantizar el derecho a la vivienda reclamando una suspensión de pagos de alquileres llevando a cabo una huelga de inquilinas e inquilinos, la sentencia cae con un mensaje atronador: la desobediencia civil se reprime con la prisión.

 

Además, este anuncio se combina con la reanudación por parte del Ministerio de Justicia del procedimiento administrativo para desalojar el centro social de La Ingobernable. La judicialización de la política ha llegado a Madrid y ha llegado para quedarse.

Por ello, esta judicatura de excepción, lejos de representar un fenómeno nuevo viene a radicalizar una verdadera ofensiva legal contra los derechos y las libertades civiles. Aunque el rol autoritario de la judicatura haya tenido un desarrollo diferencial según los territorios no ha dejado de combinar una misma intencionalidad. Hace demasiados años que sufrimos un Estado de excepción. Desde el 15M hasta el 1 de octubre el Estado ha respondido a las manifestaciones civiles con represión, judicialización y autoritarismo.

Si queremos evitar un rumbo autoritario como salida a la crisis en materia de derechos sociales y libertades civiles, el referente no puede ser el régimen de Erdogan. Hay que luchar por las libertades civiles de presos y presas políticas, el derecho a parar desahucios y a hacer huelga de alquileres, en definitiva, por la libertad a conquistar derechos. Este combate debe ser entablado políticamente. A fin de cuentas, el poder legislativo, sede de la soberanía popular, tiene la capacidad legal para hacer del derecho una herramienta de defensa de las libertades cuando la judicatura actúa como una patronal jurídica dictando sentencias como si fuera un lobby inmobiliario.

 

En este momento, como diría Thomas Jefferson; “permanecer silenciosos supone un aletargamiento, el precursor de la muerte de las libertades públicas (…) ¿Y qué país puede preservar sus libertades si no se advierte a los gobernantes de vez en cuando de que su pueblo conserva su espíritu de resistencia?”

 

Una salida democrática de la crisis es posible pero a condición de vencer toda desposesión social, todo despotismo judicial y toda forma de autoritarismo estatal.