Andrea Martínez (Madrid, 1995) es antropóloga social y cultural. Ha dedicado su trabajo de fin de grado a estudiar los mecanismos que operan detrás de las políticas estatales de asilo y regularización. Lo ha hecho problematizando, desde el feminismo poscolonial, las prácticas y los marcos de los que parten estas decisiones. Insiste, no obstante, en que sus conclusiones no son taxativas y que es una investigación en marcha.

¿El Estado expulsa a quien no entra en sus esquemas?

Efectivamente, el Estado es una forma cultural que intenta controlar a los sujetos y las sujetas mediante ciertos instrumentos para categorizarlos de una manera pautada y clara que responde a unos intereses de clase y patriarcales. Entre esos instrumentos están la escuela y la burocracia. La burocracia es muy importante, ya que se presenta como  un elemento impersonal y universal, pero en realidad está respondiendo a una serie de intereses que se han formado culturalmente e históricamente. La institución del funcionariado se presenta como afín a los intereses generales, pero la realidad que nos encontramos, como han explicado autores como Corrigan y Sayer o Bourdieu, es que esos intereses no son tan universales como nos pretenden hacer creer. Uno de los ejemplos que se me ocurre es la inscripción de los niños en el registro. Ahí se presentan una serie de opciones que se dan por hecho que son universales, pero en realidad están construyendo un sujeto específico: una niña, un niño, su nombre. El Estado, mediante determinados instrumentos, conforma las mentes. Y las conforma, como dice Weber, a partir de la «dominación racional», que se legitima a a partir de una suerte de objetividad. 

Esta capacidad de categorización del Estado afecta de lleno a los inmigrantes, en su día a día, ya que les clasifica como regulares o irregulares, documentados o indocumentados, en cuanto a su situación administrativa. Y esto genera, a su vez, que tengan acceso a determinados derechos o no. 

Apuntas, además, a que las administraciones estatales, a la hora de decidir a quienes regularizan y a quienes conceden permisos de residencia, participan en un doble juego de victimización y/o criminalización que se proyecta con especial fuerza en las mujeres…

Lo que yo intento exponer en el trabajo es que, a partir de ciertas prácticas administrativas que se suscriben al Estado, y del Estado mismo, se crean una serie de perfiles y exigencias hacia los inmigrantes en general, y especialmente hacia las mujeres migrantes. Éstas se han de seguir para conseguir el asilo o la regulación. Estas exigencias en realidad solo las consiguen cumplir las excepciones de las excepciones, que en el caso de las mujeres serían aquellas que se pueden presentar como víctimas. En mayor medida, aquellas que han vivido un delito sexual. Se deja, por tanto, de lado todas aquellas violencias que son igual de importantes, como por ejemplo la pobreza. Esta victimización se tiene que presentar desde un punto de pasividad, negando la agencia de la mujer migrante y su capacidad estratégica. Como hay muy pocas mujeres que pueden entrar dentro de esa categorización, son pocas las que son percibidas como víctimas. La mayoría son percibidas como criminales, por lo que entra en juego un componente de desconfianza en aquellas prácticas de índole administrativo a las que estas mujeres se van a enfrentar. Esta criminalización se refleja en la Ley de Extranjería y en el Código Penal. Este último tiene un artículo que supuestamente habla de los derechos de los migrantes, pero en realidad habla de quien a se castiga. Estas dos leyes tienen como objetivo buscar al criminal, no asegurar los derechos de la víctima. De hecho, una vez que la mujer ha sido victimizada y regularizada no consigue los derechos básicos para la supervivencia

¿Qué debería cambiar? ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación?

Ante todo este panorama, mi conclusión final sería que debemos generar una serie de espacios que permitan a las mujeres obtener una serie de herramientas que les aseguren que se pueden expresar y exigir sus derechos. Habría que dejar de percibirlas como víctimas pasivas desde una visión feminista etnocéntrica. Es esencial que demos paso a un feminismo que nos incluya a todas, pero no desde una posición universalizadora que niegue las diferencias y que exija una sujeta común, sino desde una perspectiva de lo diverso, desde una óptica (sin negar la crítica, por supuesto) que deje paso a diferentes formas de vivir en el mundo, que no victimice a aquella que no entra en la concepción hegemónica de la mujer “empoderada”, sino que permita a todas estas mujeres expresarse y exigir los derechos que tanto se les deben.

Si somos capaces de dejar espacio para que estas mujeres se expresen, entenderemos que estas prácticas de victimización y criminalización parten de una forma de percibir la migración de las mujeres irreal y que buscan ejercer un control sobre los procesos migratorios y sobre las personas que los llevan a cabo. La mayor parte de las migrantes no son esa mujer migrante ideal que no ha tomado ninguna decisión en el proyecto migratorio y que simplemente es víctima de las redes de trata o de algún otro tercero. Por el contrario, las mujeres que han migrado se sitúan de diferentes maneras, han tomado diversas decisiones y han experimentado diferentes historias que tienen derecho a narrar. Además, son sujetas políticas que tienen la capacidad de luchar y exigir sus derechos y, desde el feminismo, hay que dejar espacio para que puedan visibilizar su realidad, la realidad de las mujeres que se sitúan en los regímenes fronterizos.

Por último y para concluir, me gustaría activar una discusión en torno a qué exigimos con respecto a la migración al Estado y los agentes que lo conforman. La falta de transparencia y los discursos de criminalización y victimización a la migración tienen consecuencias fatales para las y los miles de migrantes que cruzan nuestra frontera, consecuencias que afectan tanto a su integridad física como, aunque generalmente sea menos mencionado, a su integridad como sujetos y sujetas de derecho. Es fundamental que, desde mi punto de vista, exijamos responsabilidades y que, como investigadoras, hagamos un trabajo de acercamiento de todas estas realidades al resto de la población con el objetivo de desarmar los discursos y narrativas que el aparato estatal (con sus herramientas reproductoras de valores como el entramado administrativo y educativo) y los medios de comunicación tratan de imponernos.

Es esencial, por lo tanto, y en mi opinión, que desde la antropología se elaboren estudios con respecto a este asunto, ya que considero que nuestra disciplina tiene la capacidad de acercar las diferentes realidades al conjunto de la población desde una perspectiva transformadora y crítica con el entorno, recogiendo los testimonios de las personas que están experimentando estas situaciones, poniendo nombre y cara (reconociendo, por lo tanto) a los actores y las actrices que se enfrentan a los regímenes fronterizos. 

A parte de esto, es importante que como sociedad civil denunciemos esto, y exijamos al Estado que se respeten los derechos humanos, y que se construyan las leyes a partir de la óptica de la persona, de la mujer migrante, asegurando sus derechos.