La semana pasada se publicaron los primeros datos reales del impacto de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en la economía española.

Datos referentes a la evolución del empleo en marzo, que no son muy prometedores. Aparte de los datos de desempleo o contratos registrados es interesante ver cómo ha evolucionado la afiliación a la seguridad social. Los primeros once días del mes de marzo, el numero de afiliados aumenta. Sin embargo, entre el día 11 y 31 de marzo el saldo de afiliación a la seguridad social ha caído en 898.822, es decir un descenso de 4,6% (pasando de 19.344.258 a 18.445.436 personas) en 20 días.

Y esto es solo el principio de una crisis económica sin precedentes, muy diferente a cualquiera de las últimas décadas y que todavía la magnitud y el impacto dependerá de multitud de factores. Algunos factores más difíciles de controlar y otros que dependerá de la voluntad política de determinadas instituciones.

La singularidad de esta crisis reside, en primer lugar, en que se trata de una crisis desencadenada en la economía real, y no en las finanzas como en la de las puntocom de principios de siglo o de la de 2008. Crisis de la economía real y crisis derivada de decisiones de los poderes públicos para poder hacer de ella un proceso ordenado y controlable. Un cambio de signo muy relevante (y cuyas motivaciones puede dar lugar a múltiples interpretaciones -desde una preocupación real como por una forma de supervivencia y legitimación del sistema-): se decide priorizar objetivos no económicos en términos de exigencias capitalistas por parte de los gobiernos nacionales. La austeridad, elegida en 2008 para hacer frente al colapso financiero, si bien era un perjuicio para determinados sectores capitalistas, especialmente de la economía real, fue una política clara de apoyo al capital financiero. Ahora, nos vemos ante una crisis económica cuasi-planificada por los gobiernos nacionales con una intervención económica y social nueva en las economías occidentales capitalistas desde el advenimiento del neoliberalismo. Las cuantías monetarias movilizadas para las diferentes políticas y ayudas estatales superan ampliamente las que se movilizaron en 2008 y por supuesto en 2011. En España o en Italia, es la primera vez que vemos legitimada una parada preventiva de producción y actividad económica que, dependiendo del ritmo de recuperación, llevara a una recesión de mayor o menor profundidad en 2020.

Se trata de una crisis desencadenada en la economía real, y una crisis derivada de decisiones de los poderes públicos para poder hacer de ella un proceso ordenado y controlable.

Y esto ocurre porque el Covid-19 está echando un pulso al capitalismo global. Al gran Goliat. Las decisiones políticas intervencionistas que tarde o temprano han ido tomando todas las economías afectadas muestra las deficiencias del paradigma neoliberal. Muestran de manera clara que el mercado no es ni eficiente ni eficaz para gestionar las relaciones económicas y la distribución de los recursos. La única forma de afrontar una crisis sanitaria de este calado a través del Estado como principal organizador y planificador de la gestión y actividad económica. Que la capacidad de respuesta frente a una crisis sanitaria depende en gran parte del nivel de infraestructura pública. Que lo que valoriza el mercado no es lo socialmente útil y necesario. Los cuidados se están mostrando como el verdadero y principal sustento de la vida, de la sociedad en su conjunto. Tampoco es defendible, como se dijo hace una década, que los ciudadanos estaban pagando los excesos de la fase de crecimiento previa y el lastre social era un ajuste lógico y merecido. Aquí se ha podido apreciar que el mercado no va a salvar a las mayorías sociales, sino que ha sido el Estado quien ha debido intervenir para ello.  La austeridad ahora no es válida ni legitima como se defendió hace una década -si bien que se imponga en el futuro sigue siendo una posibilidad-.

La intervención pública es especialmente necesaria sobre todo cuando, como en cualquier crisis capitalista van quedando al descubierto las desigualdades del sistema, amplificándose y castigando especialmente a los más débiles. En primer lugar, atendiendo exclusivamente al tejido empresarial, las primeras perjudicadas han sido los autónomos y pymes. Un claro indicador de ello es la abrumadora demanda de préstamos al ICO por parte de pymes a autónomos al primer tramo acordado por el gobierno. Y la demanda de estos ha duplicado la demanda de liquidez de las grandes empresas, que, por sus características de tamaño, diversificación, acceso a diversos canales de financiación y una posición de poder en el mercado tienen una capacidad de resistencia mucho mayor a shocks. Por otro lado, a nivel laboral, el empleo atípico es el primer y mayormente afectado por la incipiente crisis. Sector Construcción y servicios como hostelería, de los mas precarios son los mas afectados. Y por supuesto, de manera generalizada la destrucción de empleo afecta principalmente al trabajo temporal. Entre el 12 y 31 de marzo la afiliación en los contratos temporales ha caído un 17,30%, mientras que los contratos indefinidos 1,92%. Conviene recordar que España es el país con mayor temporalidad de toda la Unión Europea, una tasa de mas de 26% (es decir, 1 trabajador de 4 tiene un contrato temporal en España) y va a ser el principal foco de la destrucción de empleo a medida de su extinción en los meses próximos al no contar con ningún tipo de mecanismo legal para mantener el puesto de trabajo. Por último, toda la economía sumergida no tiene ninguna vía de desarrollar sus actividades y, a día de hoy, ningún mecanismo de apoyo económico. Mas allá de políticas sociales de protección de la vivienda o garantía de acceso a suministros básicos, no constan de ingresos pecuniarios mínimos para poder suplir necesidades tan básicas como la alimentación. Los que estaban fuera del sistema se quedan fuera del sistema. 

La intervención pública es especialmente necesaria sobre todo cuando, como en cualquier crisis capitalista van quedando al descubierto las desigualdades del sistema, amplificándose y castigando especialmente a los más débiles.

Por mucho que se estén llevando a cabo políticas sociales para hacer frente a la crisis sanitaria, es importante señalar que la verdadera batalla económica empieza ahora. Las políticas anunciadas son transitorias para la gestión sanitaria. Pero después de la estabilización de esta, políticas expansivas de mucha mas amplitud serán necesarias para compensar la caída de la actividad privada. Y lo principal es ver como se va a financiar, ya sea poco o mucho, todo ese presupuesto suplementario. Y a día de hoy, sin grandes aspiraciones rupturistas, esto depende en gran medida de la respuesta que de la Unión Europea. Institución que, a cada reunión frustrada, parecer perder cada vez más el sentido de su existencia. No ha sido capaz de dar una respuesta coordinada frente a la crisis sanitaria mas allá de cierto margen presupuestario a los Estados y una relativa política monetaria expansiva para tratar de evitar una crisis de liquidez y que la incipiente crisis económica no se traslade a los mercados financieros. Las ultimas ayudas aprobadas son insuficientes y sin mutualización -como mínimo- o monetización de la de la deuda, los países más afectados por la crisis y con déficits por cuenta corriente crónicos podrían verse rápidamente inmersos en una crisis de deuda soberana y un programa de austeridad como salida. La lucha política en el seno de la UE será definitoria para dilucidar el tipo de salida que tendremos que afrontar.

Frente a la crisis de modelo económico que ha dejado patente el Covid-19, la posibilidad de construir otro modelo parece más plausible que nunca. Si bien no será una tarea fácil. Prueba de ello, la reanudación de la actividad económica esta semana que ha conseguido la patronal.

Por Natalia Arias Pérez, economista y asesora de organizaciones sindicales.